El Poder Ejecutivo uruguayo aprobó un decreto pionero que crea los primeros “entornos controlados de prueba” o sandboxes para inteligencia artificial (IA) y datos, permitiendo a empresas y entidades experimentar en escenarios reales bajo supervisión estatal estricta. Esta medida, con énfasis en derechos humanos y protección de datos, marca un hito en la regulación pro-innovación del país.
Promulgado el 2 de diciembre de 2025, el decreto introduce dos instrumentos clave: los sandboxes regulatorios y los “espacios de datos”. Estos entornos permiten probar proyectos de IA —desde modelos predictivos hasta análisis masivos de datos— sin las barreras habituales de la normativa vigente, pero con excepciones administrativas temporales aprobadas por un comité técnico interinstitucional. Este comité, liderado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) junto a la Unidad Reguladora de Protección de Datos Personales (URPDP), evalúa cada solicitud y otorga informes favorables solo si se garantizan medidas de mitigación de riesgos.
Los proyectos admitidos incluyen entrenamiento de algoritmos con datos anonimizados, licencias precarias para procesamiento sensible y generación de datasets agregados para venta futura. No se trata de exenciones legales plenas, sino de flexibilidad controlada que evita paralizar la innovación, como ya ocurre en países como el Reino Unido o Singapur con sus propios sandboxes de IA.
Contexto nacional y regional
Esta iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional de IA 2024-2030, que posiciona a Uruguay como líder regional tras su participación en el Foro Económico Mundial 2026. Antes de este decreto, el país carecía de mecanismos formales para testing regulado, lo que frenaba startups locales en sectores como agroindustria 4.0, salud predictiva y fintech. “Es un puente entre la regulación fragmentada actual y una ley integral de IA prevista para 2026”, explica Rodrigo Goñi, próximo presidente de la Cámara de Diputados, quien priorizará el tema en el próximo período legislativo.
Expertos como los de la Asociación de Empresas de Tecnología Uruguay (AEGU) celebran el avance: “Facilita la soberanía digital al permitir datasets nacionales competitivos, clave para competir con gigantes como Brasil o Argentina”, señalan en análisis recientes. Sin embargo, advierten sobre desafíos como la capacitación de funcionarios para evaluar riesgos éticos en IA generativa.
Los sandboxes impulsarán aplicaciones prácticas, como drones agrícolas con IA para optimizar cultivos o sistemas de alerta climática basados en datos satelitales procesados por Antel. A futuro, se prevé la creación de un mercado de datos abiertos, fomentando inversión extranjera y empleo calificado en Montevideo, el hub tecnológico del país. El FMI, en informes recientes, urge adaptar el mercado laboral ante estos cambios para evitar desplazamientos.
El decreto ya generó interés: primeras solicitudes de empresas locales están en evaluación, y AGESIC abrirá convocatorias públicas en marzo 2026.
